Apostilla
La apostilla de La Haya (o simplemente apostilla,
también en francés: apostille) es un método simplificado de legalización
de documentos a efectos de verificar su autenticidad en el ámbito
internacional. Físicamente consiste en una hoja que se agrega a los
documentos que la autoridad competente estampa sobre una copia del
documento público.
Contenido
1 Convenio de La Haya
2 ¿En qué consiste?
3 ¿Para qué sirve?
4 Miembros de la Convención de la Haya
5 Documentos que se consideran públicos
6 Enlaces externos
Convenio de La Haya
Esta certificación proviene del Convenio de La Haya del 5 de octubre de
1961, también conocida como la Convención de la Apostilla, firmado en
La Haya, Países Bajos, que suprime el requisito de legalización de los
documentos públicos extranjeros. Entró en vigor el 24 de enero de 1965.
La apostilla sólo tiene validez entre los países firmantes de este
tratado, por lo que si el país donde se necesita utilizar el documento
no pertenece a él, entonces será necesaria una legalización diplomática.
En qué consiste?
La Apostilla consiste en certificar que la firma y el sello de un
documento público ha sido puesto por una autoridad competente. Este
trámite, al igual que la autenticación (legalización), únicamente
certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por
un funcionario público en ejercicio de sus funciones, pero no certifica
la validez del contenido del mismo.
¿Para qué sirve?
Sirve
para que un documento nacional sea reconocido en un país extranjero. En
principio, se reconoce en aquellos países que hayan firmado un tratado
internacional, conocido como la Convención de la Haya, para disminuir
así los trámites necesarios para el reconocimiento de estos en países
diferentes al que fue emitido.
Miembros de la Convención de la Haya
Actualmente existen 91 miembros de la Convención de la Apostilla:
Albania, Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Armenia,
Australia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Belarus, Bélgica,
Belice, Bosnia-Herzegovina, Botswana, Brunéi, Bulgaria, Colombia, Islas
Cook, Corea del Sur, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca,
Dominica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia,
España, Estados Unidos de América, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia,
Georgia, Grecia, Granada, Honduras, Hong Kong, Hungría, India, Islandia,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Lesotho, Letonia, Liberia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malawi, Malta, Islas Marshall,
Macao, Mauricio, México, Moldova, Mónaco, Montenegro, Namibia, Nueva
Zelanda, Niue, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal,
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Federación Rusa, Saint Kitts
y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Samoa, San Marino,
Serbia, Sudáfrica, Surinam, Swazilandia, Suecia, Suiza, Antigua
República Yugoslava de Macedonia, Tonga, Trinidad y Tobago, Turquía,
Ucrania y Venezuela.
Documentos que se consideran públicos
Se consideran públicos:
a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a
una jurisdicción del Estado, incluyendo los provenientes del ministerio
público, o de un secretario, oficial o agente judicial;
b) los documentos administrativos;
c) los documentos notariales y los emitidos por corredor público;
d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre
documentos privados, tales como menciones de registro, comprobaciones
sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas.
Sin embargo, la Convención no se aplica a los siguientes documentos:
a) los documentos expedidos por agentes diplomáticos o consulares;
b) los documentos administrativos que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera.
